“El crimen hoy no es como era hasta hace unas décadas” y “ya no son delincuentes comunes”, sino “organizaciones poderosas presentes en todos los niveles de la sociedad, incluso a nivel internacional”, dijo Lula da Silva.
La propuesta es que las autoridades federales tengan una mayor influencia en la definición y ejecución de las políticas de seguridad, que la Constitución define como competencias de los gobiernos locales.
“Queremos un pacto federativo contra el crimen organizado entre todos los poderes de la Nación”, que incluya asuntos relativos al sistema penitenciario y al “necesario intercambio de información” entre autoridades federales y regionales, dijo el mandatario.
Según el presidente, ese nuevo marco es “necesario” y “urgente”, pues “el crimen organizado crece hasta en las cárceles” y su influencia llega a la política.
“Hoy disputan elecciones, eligen concejales” y controlan muchos de los aspectos de la vida de las comunidades más pobres del país, sostuvo el mandatario.
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Una “integración” de policías prevista pero no reglamentada
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, detalló que la propuesta plantea la “integración” de las fuerzas policiales e instituir un “sistema único de seguridad pública”, contemplado en una ley de 2018 pero aún no reglamentado.
Otra propuesta es la creación de “un fondo de seguridad pública y sistema penitenciario”, administrado por el Estado, como mecanismo de financiación nacional al combate contra las bandas delictivas, incluso en materia de crímenes medioambientales.
Asimismo, se plantea ampliar las competencias de las policías federales y la creación de bancos de datos comunes para agilizar el intercambio de información y el combate al lavado de dinero.
La intención del Gobierno es presentar el proyecto bajo la forma de enmienda constitucional al Parlamento, tras consensuarlo con los gobernadores.
En general, la iniciativa fue bien recibida, aunque según algunos gobernadores debe complementarse con una legislación penal más dura y una mayor vigilancia fronteriza.
Solo se opuso el derechista Ronaldo Caiado, del estado de Goiás, quien consideró la propuesta como una “invasión de competencias”.
Según datos oficiales, pese a una ligera mejoría en los últimos años, en 2023 en Brasil se registraron unos 45.000 asesinatos, entre los que se incluyen 1.500 feminicidios.
Muchos de esos asesinatos obedecen a conflictos entre bandas del crimen organizado, algunas de las cuales han adquirido ribetes trasnacionales, como ocurre con el Primer Comando de la Capital (PCC), nacido en las cárceles de São Paulo y que hoy mantiene lazos con mafias europeas y opera en otros países suramericanos.
Aunque no está totalmente probado, las autoridades sostienen que algunas de esas bandas han penetrado en los círculos de poder, sobre todo en ámbitos locales, y que han financiado candidaturas políticas hasta en las recientes elecciones municipales.