Costa Rica firma un acuerdo con la empresa CrowdStrike para fortalecer la ciberseguridad

San José, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció este lunes la firma de un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense de ciberseguridad CrowdStrike con el fin de mejorar las defensas y la protección de datos en el país.

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"Este acuerdo representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de nuestras capacidades en ciberseguridad. La cooperación con CrowdStrike nos permitirá abordar de manera conjunta los desafíos actuales y futuros en seguridad digital, garantizando un entorno más seguro y resiliente para nuestra sociedad y economía", declaró la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes.

La funcionaria aseguró que este apoyo mutuo es "vital para abordar los desafíos de ciberseguridad de Costa Rica y promover la innovación en el entorno digital".

Según las partes, esta cooperación apoyará los avances de Costa Rica en el campo de la ciberseguridad y el intercambio de información para fortalecer la toma de decisiones del país y garantizar la protección de los datos personales y la propiedad intelectual.

El acuerdo también promoverá la colaboración de la industria y la expansión de capacidades conjuntas, incluida la organización de cumbres, seminarios y conferencias mutuas.

El vicepresidente regional de CrowdStrike, Fernando Quintero, dijo que el objetivo es "brindar conocimientos de la industria relevantes e incomparables con nuestro compromiso de ayudar a la nación a fortalecer y mantener una postura elevada de ciberseguridad”.

“Esta iniciativa fundamental marca un hito importante para nuestra región para reforzar la colaboración mediante la utilización de las herramientas, procesos e inteligencia de vanguardia en ciberseguridad de próxima generación líderes en el mundo", apuntó.

Esta empresa brindó asistencia a Costa Rica en el contexto de los cibertaques del 2022 que afectaron a diversas instituciones públicas, especialmente al Ministerio de Hacienda y a los hospitales públicos, lo que obligó al Gobierno a decretar estado de emergencia nacional.

Los ataques fueron dirigidos por la organización Conti que exigía el pago de un rescate por información sustraída o encriptada.

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