Condenan a prisión a tres neonazis en Finlandia por terrorismo con motivos racistas

Helsinki, 31 oct (EFE).- Un tribunal de Finlandia impuso este martes sendas penas de prisión a tres jóvenes de este país vinculados con la extrema derecha, a quienes la Fiscalía Nacional acusaba de preparar actos de terrorismo por motivos racistas.

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La primera sentencia por terrorismo de ultraderecha en la historia de Finlandia considera probado que los tres acusados se adiestraron en la fabricación de armas de fuego caseras y realizaron prácticas de tiro con ellas, aunque no llegaron a planear ningún atentado concreto.

El principal acusado, un joven de 28 años, fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel por dos delitos graves con armas de fuego cometidos con intención terrorista y otros dos de entrenamiento para cometer actos terroristas.

El tribunal le atribuyó la fabricación de varios subfusiles semiautomáticos, utilizando principalmente una impresora 3D y piezas metálicas compradas en el mercado negro, y la posesión ilegal de abundante munición para su uso.

Los otros dos condenados, de 27 y 22 años, recibieron penas de cárcel de 21 meses y siete meses, respectivamente, como cómplices de su compañero.

Los tres compartían la misma ideología de extrema derecha y eran partidarios del "aceleracionismo", una corriente que propugna el uso de la violencia racial para lograr la supremacía blanca, según la fiscalía.

La intención de los condenados -de acuerdo a la fiscalía- era cometer actos terroristas destinados a desestabilizar la democracia en Finlandia y precipitar lo que ellos llamaban "una guerra de razas" en el país nórdico.

Los eventuales ataques terroristas hubieran ido dirigidos contra "los enemigos de la población blanca", principalmente inmigrantes, minorías étnicas y religiosas, grupos antifascistas y activistas de izquierda.

Los condenados discutieron a través de Telegram la posibilidad de cometer un atentado durante un acto del Partido Socialdemócrata y alardearon de lo fácil que sería matar a la entonces primer ministra, Sanna Marin, según las evidencias recogidas durante la instrucción del caso.

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