Se trata de una acción que ha coordinado la Asociación de Consumidores Europeos (BEUC), que considera que Google no está respetando el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD).
En concreto, denuncian que durante el proceso de apertura de una cuenta de Google, la compañía no da a los usuarios una opción que garantice "por defecto" la privacidad ni el procesamiento de los datos personales de una forma "justa, legal y transparente".
Al contrario, ofrece una opción "exprés" en la que con un único paso se da permiso a la empresa a "controlar y explotar" la actividad de los consumidores en las distintas webs y aplicaciones del gigante tecnológico -como Google Chrome, Gmail, Google Maps o YouTube- o de cualquier empresa en internet que use los servicios de Google.
Uno de esos permisos es el de poder mostrar a los usuarios anuncios personalizados, que es el principal negocio de la empresa.
En cambio, pedir a Google que garantice la privacidad de los datos requiere cinco pasos "con información poco clara, engañosa e incompleta", respecto al tratamiento que hará de la información personal.
Por tanto, "el consentimiento otorgado no es válido y Google carece de una base legal válida para el procesamiento de datos personales", según lo establecido por el RGPD.
BEUC, además, asegura que "los datos de los consumidores no se recopilan para fines específicos, explícitos y legítimos" y que la recopilación y el almacenamiento de la información no se limita "al mínimo necesario", al que obliga la normativa comunitaria.
El informe recuerda que para poder tener un correo electrónico de Gmail o poder utilizar la Play Store, la tienda de aplicaciones móviles de los dispositivos Android, es imprescindible abrirse una cuenta de Google.
Las asociaciones de protección al consumidor de Países Bajos, Dinamarca y Suecia no se han sumado a la demanda, pero han enviado una carta a las autoridades nacionales de sus países informándoles de las prácticas de Google, mientras que la de Alemania ha enviado una carta a la empresa advirtiéndole de una "posible demanda civil".
BEUC ya coordinó en 2018 otra demanda contra Google por sus prácticas de rastreo a través de la geolocalización de los dispositivos móviles, que la autoridad irlandesa de protección de datos -donde el gigante tecnológico tiene su sede en Europa- no ha resuelto aún.