Costa subrayó hoy la importancia de la capacidad de reacción de las entidades y aseguró que “las instituciones del Estado competentes sobre la materia, así como los encargados de la investigación criminal y los encargados de la ciberseguridad, han seguido esta situación”.
El ataque a Vodafone, que comenzó en la noche del lunes, interrumpió los servicios de datos, voz fija, televisión, SMS y contestador de voz/digital y afectó a cuatro millones de clientes, entre ellos entidades bancarias, servicios de emergencias y hospitales.
Este miércoles todavía hay fallos en los servicios de telefonía y acceso a internet y la compañía ha pedido paciencia a los usuarios.
En un vídeo difundido anoche, el director ejecutivo de Vodafone Portugal, Mário Vaz, explicó que el ciberataque fue “de gran dimensión, gran expresión, intencional”, además de “acto criminal”, con el objetivo de “volver inviable el uso de la gran mayoría” de sus servicios.
La Policía Judicial portuguesa ha abierto una investigación criminal y colabora con entidades internacionales “para recoger más y mejor información”.
Este miércoles el grupo Trust in News, propietario de la revista Visão, entre otros títulos, ha denunciado que esta madrugada fue “objeto de una tentativa de ciberataque”.
Además, el incidente con Vodafone se produce después de otro ciberataque al Grupo Impresa, que todavía no ha recuperado completamente sus plataformas.
Portugal obliga a las empresas a desarrollar planes de seguridad y cumplir con las instrucciones del Centro Nacional de Ciberseguridad luso para enfrentar ciberataques bajo riesgo de multas de hasta 50.000 euros.