"Todavía falta muchísimo para tener el país que queremos, estamos muy lejos, no estamos ni por cerca. En tema de seguridad, por ejemplo, no tenemos la seguridad que quisiéramos tener, pero nadie puede negar que hace tres años tener 30 homicidios diarios era cotidiano y ahora ya no los hay", manifestó el mandatario durante un acto público.
Bukele señaló que "ahora, como naturalmente es, nos escandalizamos cuando hay un homicidio o dos, cuando sabemos que ha desaparecido un joven, pero antes eran 30 (homicidios) diarios y nadie hablaba de ello".
El Ejecutivo de Bukele implementa desde 2019 el Plan Control Territorial (PCT), al que le atribuye la caída de los asesinatos en los últimos años.
"Antes morían 30 (habitantes) diarios y 30 desaparecidos diarios y simplemente era una estadística (...) ahora no, ahora entendemos el valor de una vida humana y por eso nos sentimos mal cuando hay un homicidio, nos sentemos mal cuando hay un desaparecido", apuntó.
Bukele participó junto al embajador de la Unión Europea (UE) en El Salvador, François Roudie, en la inauguración del centro lúdico y de recreación —llamado CUBO— ubicado en una populosa colonia del municipio de Mejicanos, al norte de San Salvador.
Las declaraciones del presidente se dan el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a El Salvador a adoptar medidas "preventivas" a la problemática de las desapariciones forzadas, un delito que —según organizaciones de derechos humanos de ese país— ha sufrido un "considerable aumento".
"Siempre me preocupa que el Estado parece concentrarse muchísimo más en reaccionar, en las acciones reactivas, y no en las preventivas", declaró la relatora de la CIDH para El Salvador, Margarette May Macaulay.
La funcionaria se pronunció durante la audiencia "Desaparición forzada de personas en El Salvador" convocada dentro del 181 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que comenzó el martes y se extenderá hasta el próximo 28 de octubre de forma virtual.
Macaulay pidió al país centroamericano información "específica y en detalle" sobre su trabajo para minimizar las desapariciones forzadas y advirtió que no basta con tener legislación en esta materia si no se reduce la ocurrencia del delito.
Sobre las desapariciones, Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de Cristosal, una de las quince organizaciones que solicitaron la audiencia de la CIDH, admitió que no constituyen un "fenómeno nuevo" en ese país, pero sí alertó sobre su "considerable aumento".
En ese contexto, advirtió de que la información de la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos "difiere significativamente entre sí", lo que provoca que en ese país "no se conozca una cifra oficial de personas desparecidas".
No obstante, apuntó que la Policía Nacional Civil reportó en 2019 un total de 737 personas desaparecidas, mientras que en 2020, a pesar de la cuarentena de seis meses por la covid-19, la Fiscalía reportó 683 desaparecidos.
Hasta junio pasado, según la activista, la Fiscalía dio cuenta de 610 personas desaparecidas.
Mientras que hasta agosto pasado los medios de comunicación del país cifraron en 981 las desapariciones, lo que, según Navas, "significa que en promedio desaparecen 4,06 personas diarias en El Salvador".