El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 condenado a prisión tras un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre, cargo que sus familiares y colaboradores niegan.
Tras seis meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria.
Más de un año después, Ferrer fue encarcelado de nuevo por unirse a las recientes protestas ciudadanas del 11 de julio.
Sus allegados publicaron este martes un auto del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba con fecha del 12 de agosto, donde el juez revoca el arresto domiciliario del líder opositor y ordena su ingreso en un establecimiento penitenciario para que cumpla allí los 4 años y 14 días que le restan de condena.
Para justificar la decisión, el magistrado sostiene que Ferrer ha mantenido "una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir" durante su etapa de arresto domiciliario, según el documento del tribunal, que contempla un período de tres días para recurrir.
El juez alega que el condenado no se incorporó a su trabajo y presentó "comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad", además de estar procesado por un nuevo delito de desórdenes públicos, cargo que se ha venido imputando en las pasadas semanas a muchos de los manifestantes del 11 de julio.
José Daniel Ferrer García, de 51 años, es uno de los disidentes más conocidos fuera de la isla, ya que formó parte del "grupo de los 75" condenados en el año 2003 durante la ola represiva conocida como "primavera negra" y liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia católica y el Gobierno español.
Ferrer, residente en la ciudad oriental Santiago de Cuba, fue uno de los doce disidentes que decidió permanecer en su país tras su excarcelación.
Su más reciente proceso judicial concitó una fuerte expectación internacional y críticas de instituciones como el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado de EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras sus familiares aseguran que es inocente y los cargos imputados son inventados, las autoridades cubanas le atribuyen una "larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y la legalidad" y niegan que se trate de un preso político, aunque le han acusado públicamente de ser un "agente asalariado al servicio de Estados Unidos".