NUEVA YORK. La Junta de Supervisión de Meta anunció este jueves que está revisando “de manera acelerada” dos casos de publicaciones en Facebook e Instagram relacionadas con “la crisis poselectoral en Venezuela” para ver si los videos compartidos, pese a su contenido violento, pueden considerarse “una crítica política vital”.
El diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC), con pobre gestión legislativa hasta ahora, busca “posicionar su figura” maltratando a las mujeres del Congreso Nacional y en especial a las de la Cámara de Senadores, en referencia a las opositoras que diariamente denuncian casos de corrupción, a quienes trató de “las locas del Senado”.
Quito, 4 oct (EFE).- Ecuador ha vivido en 2023 el proceso de elecciones más violento de la historia, con 88 casos de violencia política, entre ellos el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto, informó este miércoles el Observatorio Ciudadano de Violencia Política.
Las diputadas Rocío Vallejo (PPQ) y las encuentristas Norma Camacho y Kattya González lamentaron la violencia verbal que sufren las mujeres que activan en la política y todas las que día a día buscan un sitio de participación en un país en donde el machismo es muy marcado. Kattya González presentó incluso un proyecto de declaración en que los parlamentarios que a lo largo del periodo legislativo hayan insultado o menoscabado la participación femenina en el Congreso pidan disculpas públicas.
Mujeres aglutinadas en el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD) piden el fin de la violencia política, la cual -señalan- frena la participación de las mujeres en los cargos públicos. Emiten esta declaración en coincidencia con el proceso electoral que se está desarrollando y en el que -aseguran- continúan sufriendo no solo discriminación verbal, sino actos concretos que intentan hacer de menos sus voces.
Una cosa es la violencia psicológica, violencia física que se ejerce contra las mujeres en el ámbito familiar, otra es la denuncia de “violencia política” que se ejerce contra los compañeros y las compañeras que denuncian irregularidades dentro de sus partidos y los prepotentes (que ocupan cargos o reciben dinero) la utilizan para victimizarse y denunciar como violencia física, cuando lo que menos existió fue eso.