4 de mayo de 2025
El IPS se alió con ueno bank para la validación de la prueba de vida de asegurados y jubilados, generando esto desconfianza en la ciudadanía. La entidad bancaria es una de las mimadas del Gobierno y cercana al presidente de la República, Santiago Peña. La firma ITTI, enfocada en la creación y manejo de base de datos es parte del mismo grupo, por lo que hay temor ante la posible filtración de datos sensibles del usuario.
El director de Inversiones del Instituto de Previsión Social afirmó que la previsional tiene reglas preestablecidas para los llamados a licitación para la colocación de capital en cuentas de depósito de ahorros y que cualquier banco que cumpla los requisitos mínimos puede ser adjudicado.
El diputado Raúl Benítez (independiente) expuso durante la sesión de ayer de Diputados un “Ueno Estado”, es decir, el Gobierno al servicio de los hasta hace poco socios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, y detalló casos puntuales, en lo que declaró como la “crónica de un negocio anunciado, previsto, trabajado, pensado, estructurado y planificado”.
La colosal entrega de plata pública para los entonces socios comerciales del presidente Santiago Peña coincidió con la llegada de su hermano Francisco Peña a la offshore U Holdings en Luxemburgo. Según los registros oficiales, Francisco Peña obtuvo acciones en marzo de 2024 y, a partir de entonces, los fondeos del IPS y otros entes del Estado crecieron en forma notoria en ueno bank, llegando a febrero de 2025 a más de G. 2,3 billones. Coincidentemente, en la entidad bancaria luego apareció como accionista la empresa u Paraguay SA, en la cual la compañía creada en el país europeo era la mayor participante accionaria. Suman los indicios de aparente conflicto de intereses.
Aunque los socios comerciales de la firma vinculada al presidente Peña se beneficiaron ampliamente con la captación de miles de millones de plata pública, la Contraloría General de la República concluyó que no existe conflicto de intereses, dado que la participación accionaria del mandatario no supera el 10%, el umbral establecido por la ley
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, afirmó que ni el presidente de la República ni su hermano estarían incurriendo en conflicto de intereses, ya que supuestamente solo poseían menos del 10% de las acciones de las empresas con las que se los vincula, lo cual permite la norma. Agregó que, desde la promulgación de la Ley 7236/24, el vínculo familiar no se contempla en estos casos dentro de la función pública.