La Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó hoy un comunicado en el cual asegura que responde las solicitudes de Acceso a Información Pública (AIP) que recibe la institución. El informe se emitió luego de que el Ministerio de Justicia revelara que la CSJ es la que tiene más pedidos de datos públicos sin responder.
El Ministerio de Justicia es el responsable, entre otras cosas, de velar por el cumplimiento de la Ley N° 5.282 de Transparencia Gubernamental. Sin embargo, irónicamente incumple esa misma ley cuando se trata de dar datos solicitados a su institución.
El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, prometió transparentar los resultados de las fiscalizaciones hechas en las estaciones de servicio, relacionadas con la calidad y cantidad de expendio de combustible (si corresponde al vendido). Se trata de un tema sensible debido a la escalada de los precios del carburante en los últimos meses.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) anunció que prevén diseñar una “Política de Integridad y Compliance”, cuyo objetivo es detectar y prevenir lavado de dinero, evasión y contrabando en compras públicas del país.
El diputado José Rodríguez anunció que propondrá al pleno de la Cámara Baja interpelar a la titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), María Galván, ante la falta de respuesta al pedido de una audiencia pública para socializar la reglamentación de la nueva ley de tragamonedas.
Petropar se aferra a su cláusula de confidencialidad en sus contratos para no socializar deudores y cartera de morosos, ítem que ni siquiera está establecido en todos sus contratos y que ninguna ley obliga agregar. El Ministerio de Justicia apoya al emblema estatal alegando “riesgo real”.