Si algo nos han enseñado tantos años lidiando con nuestros políticos, expertos en tráfico de influencias con intereses oscuros y direccionamientos amañados, es que, con ellos, toda sospecha es poca, por lo general nos quedamos cortos. La “aplanadora” oficialista en el Senado sorprendió en los últimos días de 2024 con la aprobación exprés de importantes modificaciones a la ley 5102/13, de Alianza Público-Privada (APP), con la introducción de una larga lista de flexibilizaciones, referidas, por ejemplo, al tamaño de los proyectos, los topes de participación estatal y, cuidado con esto, los porcentajes de “exposición fiscal”, así como una muy considerable ampliación de la facultad discrecional del Poder Ejecutivo para hacer y autorizar cambios de esos valores. ¿Qué se traerán entre manos?.
El exencargado de despacho del diputado colorado Jatar “Oso” Fernández, Hugo Rolón retomó esta mañana su protesta en frente al Congreso Nacional. El exfuncionario considerado “esclavo de oro” del cuestionado parlamentario dijo que continuará con una sentata diaria para denunciar todos los maltratos de los que fue víctima.
El juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos negó el pedido de libertad ambulatoria que planteó la defensa del abogado Raúl Cardozo, procesado por supuesta resistencia y tráfico de influencias, en carácter de cómplice. El letrado fue aprehendido en Villa Hayes junto a un asistente fiscal, en el mes de febrero, y cumple arresto domiciliario.
El asistente fiscal de Villa Hayes, Antonio Ramón Petters Paredes, habría exigido la suma de G. 5.000.000 a una mujer, para no imputar a su marido que estaba a disposición de la Fiscalía por un caso de violencia familiar, según la imputación presentada por el fiscal Luis Piñánez. El funcionario había señalado que el dinero no era para él, sino para su jefe, el fiscal Alfredo Mieres.
En 1980 se estrenó la desopilante película Y dónde está el piloto. Recordé dicho título cuando oí decir al presidente Peña que la manutención de familias de políticos con el presupuesto del Legislativo no trasgrede lo legal, sino es un asunto de ética. Siendo así, quien debe establecer las reglas de conducta en el Estado es el piloto de la nave nacional. Y aquí la pregunta: dónde está el piloto.
La Sala Penal ratificó que provisoriamente el abogado Farid Gustavo González Ledesma, seguirá procesado solamente por extorsión, no así por tráfico de influencias, ya que no es funcionario público. El letrado, que es esposo de una jueza, supuestamente solicitó G. 30 millones para favorecer a una víctima de violencia familiar.