La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) está en una crítica situación, por lo que el Estado debe librarse cuanto antes de la deficitaria empresa, para que no se convierta en otro “barril sin fondo” que afecte a las arcas públicas, coincidieron expertos consultados. Mientras tanto, los funcionarios de la estatal insisten en que la telefónica aún puede ser rentable, cuando hoy no puede cubrir ni el salario de sus empleados.
La Cámara de Operadores Móviles del Paraguay emitió un comunicado donde se mantiene la confrontación de criterios con el sector bancario sobre la Ley de Servicios de Confianza, cuyo único punto controversial es el que refiere a exigencias para las operaciones financieras electrónicas. El gremio de las telefónicas sostiene que de aprobarse la versión de Diputados, se verían afectados unos 5 millones de compatriotas que diariamente utilizan el servicio.
Desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) insisten en que se apruebe la versión de Diputados del denominado proyecto de “Ley de Identidad Electrónica”, y se impongan estándares de seguridad elevados para todas las operaciones financieras. Sostienen que hay un “temor infundado” en que esto pueda implicar mayores costos para los usuarios y que comparado con Legislaciones similares como por ejemplo de Perú, la de estudiada aquí requiere más “complementos” a su criterio.
El diputados Sebastían García, proyectista original de la propuesta de Ley de “de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas”, sostuvo que en realidad su propuesta lastimosamente encontró controversia en apenas uno de los 104 artículos que la componen y que confronta en posturas en cierta manera a la Asociación de Bancos y las telefónicas, que compiten en el rubro del servicio de billeteras electrónicas y giros de dinero. Respecto a las modificaciones hechas por el Senado hoy, afirmó que cambios no afectan objetivo y que “el camino al que hay que ir es la bancarización”.
BUENOS AIRES. El gobierno argentino anunció este viernes que la telefonía celular y fija, los servicios de internet y la televisión paga serán considerados servicios públicos esenciales.
La ley que obliga a las operadoras de telefonía móvil a bloquear mediante el código de IMEI los aparatos que hayan sido robados o extraviados debe ser reglamentada por la Conatel en los próximos tres meses.