El director de Aporte Obrero Patronal (AOP) del IPS, Carlos Bogado, refirió que hay 271 empresas que están siendo investigadas por indicios de fraude en cuanto a las suspensiones de contrato. Agregó que hace 15 días solicitaron a Hacienda informes sobre las mismas para cruzar datos, pero que –hasta el momento- lo requerido no fue remitido.
El Consejo de Administración del IPS presentó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el proyecto de decreto para que el pago del auxilio económico por suspensión de contrato pase del 50% del salario mínimo (porcentaje abonado en los dos primeros) al 75%, lo que representa G. 1.644.629. La propuesta es que los desembolsos sean retroactivos.
A las empresas que continúen sin poder abrir luego de estos tres meses de cuarentena se les podrá prorrogar la suspensión del contrato con sus empleados, en tanto que el pago de la compensación económica dependerá de la disponibilidad de caja de IPS. Se recuerda que los trabajadores tienen el derecho de optar por esperar la reanudación o bien darse por despedidos y cobrar una indemnización.
El Ministerio del Trabajo informó que 13 empresas solicitaron el levantamiento de la suspensión de contratos por la pandemia, por lo cual 581 trabajadores se reincorporaron a sus actividades laborales durante esta primera fase de la cuarentena inteligente. Asimismo, 106.296 personas del sector formal fueron habilitadas para la compensación económica del IPS.
El Ministerio de Trabajo habilitó una base de datos en línea para que empleados con contrato suspendido puedan certificar si efectivamente los empleadores realizaron el trámite. Cabe recordar que dicho proceso es fundamental para cobrar el subsidio a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
Hasta el momento ya son unas 72.072 las personas afectadas por la suspensión temporal de sus contrato laborales, y hasta ahora el Instituto de Previsión Social (IPS) recién ha efectivizado desembolsos para 6.000 de ellos. La previsional estatal advierte que esta cantidad de empleados con contratos suspendidos podría golpear colateralmente a los servicios de salud, y plantean de vuelta un recursos siempre controversial, recurrir a los fondos de pensiones.