subsidio

La Ley N° 6789/21 no se limita a cancelar la licencia, el itinerario y el subsidio a las empresas del transporte público infractoras de la norma, ya que su art. 5° califica de “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos” que sus directivos, accionistas o representantes legales o gremiales “realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado, ya sea por cualquier medio”, pudiendo todo ciudadano denunciarlo ante el Ministerio Público. Pues bien, las autoridades se mostraron abiertas a dialogar con quienes no ocultan su propensión al chantaje, es decir, a entrar en negociaciones con un grupo dispuesto a delinquir si sus exigencias no son satisfechas.

Los miembros del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) ya recibieron G. 247.814 millones (que en dólares llega a 33,4 millones) en apenas 16 meses, como subsidio por parte del Estado. El gremio mantiene su postura de ir a un paro general, mientras la gente padece desde hace tiempo el pésimo servicio que se ofrece junto con las reguladas.

Disconformes con el último cálculo de la tarifa técnica, que les supone menos recursos de los que esperaban recibir del Estado, empresarios de un gremio de transporte público anunciaron un paro, chantaje que ya está penado por ley. Esto pese a que reciben millonarios subsidios y a que someten sistemáticamente a reguladas a usuarios. La asociación de pasajeros pide no ceder al “vil chantaje”, mientras que el Viceministerio del Transporte, en comunicado emitido anoche, lamenta que se quiera forzar una situación absurda, como duplicar el subsidio.

En la semana que termina, los responsables de la administración del departamento Central presentaron una propuesta para mejorar el servicio de transporte público en la zona metropolitana.

Semanas después de que el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) haya objetado la tarifa técnica fijada por el Viceministerio de Transporte, de la que surgía que sus miembros cobraban subsidios en exceso por cada boleto vendido, el Poder Ejecutivo destituyó al viceministro Guido Benza, al cabo de ocho meses de una gestión tan deplorable como la de sus antecesores. El abogado fue sustituido por el economista Emiliano Fernández, un exviceministro de la Secretaría Técnica de Planificación, hoy incorporada al Ministerio de Economía y Finanzas, que se encargaría de ejecutar un nuevo sistema de transporte público, según la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. No se conocen aún sus delineamientos, siendo de esperar que demoren y, sobre todo, que una vez establecidos, sean realmente implementados.