El Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por la jueza Inés Galarza, a pedido de la Fiscalía, dictó orden de captura internacional contra Stiben Antonio Patrón Cáceres, Brian Esteban Martínez y Luis Osvaldo Sánchez, procesados en el caso “bombas molotov”, ante versiones de que salieron del país. La abogada Liliana Boccia dijo que su último contacto con su cliente Patrón fue en mayo último.
El juicio oral por la supuesta fabricación de bombas molotov en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el 31 de marzo de 2017, se postergó nuevamente. Esta vez porque la Sala Penal de la Corte sigue sin resolver la apelación planteada por la defensa del acusado Stiben Patrón en contra de la confirmación de dos integrantes del Tribunal de Sentencia.
El liberal Stiben Patrón, el abogado Roberto Rojas y la dirigente Nelly Cortesi fueron condenados ayer a tres años de cárcel por daños en el Congreso, y que se dio en respuesta al atropello constitucional para la reelección de Cartes.
La abogada Liliana Boccia señaló que la decisión del Tribunal de condenar a Stiben Patrón y otras dos personas por perturbación a la paz pública es un claro atropello al Estado de derecho, ya que es prácticamente una condena por manifestarse, al no haberse encontrado argumentos suficientes para probarse el delito por el que fueron finalmente condenados a tres años de prisión.
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, repudió hoyla condena judicial contra Stiben Patrón, Roberto Rojas y Nelly Cortesi por la quema del Congreso. Calificó a la justicia de Paraguay de “basura mafiosa” que condena a quienes defienden la Constitución mientras que el expresidente Horacio Cartes (HC) sigue impune tras el asesinato del joven dirigente liberal Rodrígo Quintana, ocurrido el 1 de abril de 2017 tras un atraco policial (durante el Gobienro de Cartes).
El Ministerio Público solicitó hoy formalmente penas de cinco años para los dirigentes del PLRA Stiben Patrón y Roberto Rojas, y de seis años para Nelly Carlota Cortessi, por los incidentes del 31 de marzo de 2017, cuando una manifestación contra un intento ilegal de enmienda constitucional frente al Congreso Nacional resultó en disturbios y daños al edificio.