La infraestructura económica representa un insumo de capital fundamental para la producción y generación de riqueza, así como un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de las economías. Entre las incidencias se destaca que favorece tanto la productividad como la competitividad en los mercados internacionales, y con ello, el crecimiento y el desarrollo económico y social. Además, las inversiones en obras de infraestructura contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos (salud, educación, esparcimiento), reduce los costos asociados a la movilidad y a la logística, mejora, asimismo, el acceso a los diversos mercados (de bienes y servicios, de trabajo y financieros), otorgando un entorno propicio para incrementar el bienestar general, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), anunció que esta semana otorgará la orden de servicio para que el consorcio Parxin implemente el estacionamiento tarifado, pese a que su conformación actual violaría el pliego de bases y condiciones de la licitación pública, según el cual la empresa líder debía demostrar ciertos requerimientos relacionados con su experiencia anterior. Este turbio emprendimiento que duraría quince años, signado por la falta de transparencia del consorcio frente a la Municipalidad y de esta frente a los asuncenos, tiene que ser cancelado.
Alguien dijo que la suerte es la coincidencia entre la oportunidad y la preparación, la suerte está echada, un nuevo mandato en el vecino país, el Brasil inicia su ejercicio gubernamental, se trata de una nación de notable incidencia en nuestra región e incluso mundial, precisamente coincidente con la inminente asunción de la máxima administración de la República del Paraguay del nuevo presidente y toda una estructura incipiente de nuevos actores de su confianza, imagino.
Aunque no existe una definición única de lo que es un pacto social, por lo general se acepta que se trata de un intento de acercar la voluntad de las partes con el fin de lograr un acuerdo que satisfaga a los sectores involucrados, para hacer manejable o sostenible la economía, golpeando lo menos posible los intereses de los más vulnerables. La acotación inicial viene al caso a raíz de la iniciativa de un sector de legisladores que plantea un pacto social para buscar hacer sostenible la Caja Fiscal de Jubilaciones de funcionarios del Estado, que como se sabe está en quiebra técnica, sin posibilidad alguna de recuperarse por sí sola.
El Tesoro Público pagó en el mes de febrero G. 2.087 millones (US$ 298.165 al cambio vigente) por el servicio de agua, luz y teléfono, de acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda pagó en mayo más de G. 21.695 millones (US$ 3,2 millones al cambio vigente) a las empresas de servicios básicos ANDE, Copaco y Essap, por el consumo de las diferentes instituciones públicas.