Varias denuncias se presentaron cuestionando el servicio que ofrece el Consorcio SC IV, conformado por las empresas Cardioteq SA y Samaja SA, representado en este llamado por Óscar Valenzuela, Roxana Pino Rodríguez y Mirtha Rodríguez, que tiene un contrato por G. 68.000 millones por el servicio de seguro médico para funcionarios del Ministerio de Justicia.
La Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) se pronunció en contra de la autoasignación de beneficios exclusivos para los parlamentarios, incluidos un seguro médico VIP y cupos de combustible. La organización calificó estos privilegios como un abuso frente a la precariedad que enfrenta el personal de salud y el resto de los trabajadores en Paraguay.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez se mostró escueto al hablar con respecto al seguro vip y el vale de combustible que los legisladores. Dijo que la propuesta solo la analizarán cuando llegue al estadio de la Cámara de Senadores. No obstante, sí defendió el plan de salud, diciendo que todos los funcionarios del Congreso tienen el mismo seguro.
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que el seguro “vip” y el cupo de combustible que los legisladores pretenden restituirse son “una burla y una bofetada” para la ciudadanía, que padece el sistema de salud pública y vive incluso con menos del salario mínimo. Consideró que -en lugar de tener un seguro médico privado- los parlamentarios deberían aportar al IPS y ser atendidos en la previsional.
El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar confirmó que hay intención de devolver el vale de combustible y seguro médico “vip” a los legisladores. Refirió que el plan recién superó una primera instancia parlamentaria, por lo que aún debe ser debatido.
Tras ser beneficiados con fondos estatales para rescatar su Jubilación VIP, ahora los parlamentarios del cartismo y sus aliados impulsan en la Comisión Bicameral de Presupuesto 2025 reponer los vales de combustible y el seguro médico.