seguridad social

Las asociaciones de jubilados, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) avanzaron en la definición de los pasos para la elección del representante del sector que integrará el Consejo de Seguridad Social, creado por la Ley N° 7235/2023.

Una vez más, suenan gritos de alarma y se culpa por sus decisiones a una clase trabajadora brutalmente arrojada a la intemperie desde hace décadas: que los resultados de las elecciones presidenciales argentinas dicen mucho sobre los escenarios de una precarización que deriva actualmente en giros políticos inesperados a nivel global lo demuestra este agudo análisis del profesor Manuel Pérez.

Asegurados se manifestaron este martes frente al Instituto de Previsión Social (IPS) para exigir el fin de los manejos torcidos en las cajas de la previsional. Advierten que si no se comienza ahora a controlar la evasión de las patronales y a mejorar la administración, el sistema de seguridad social colapsaría antes del 2035.

La lacerante realidad de los indígenas que acampan y mendigan con niños pequeños en condiciones infrahumanas en Asunción y otras ciudades plantea, además de un conflicto ético, una gran contradicción. Según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la pobreza extrema medida por indicadores monetarios afecta al 3,9% de la población, lo que equivale a aproximadamente 300.000 personas o 60.000 familias, entre las cuales una alta proporción pertenece precisamente a comunidades nativas. Sin embargo, el Estado paraguayo mensualmente distribuye subsidios directos destinados supuestamente a aliviar las condiciones de los más pobres a más de 600.000 beneficiarios, al margen de los diversos servicios públicos en áreas sociales, que año a año consumen miles de millones de dólares del Presupuesto. Evidentemente, algo no está funcionando.

La Cámara de Senadores postergó para después de las elecciones el tratamiento del proyecto de ley que equipara los haberes jubilatorios de los funcionarios retirados con los sueldos de los funcionarios activos, cuando perfectamente se sabe que lo único sensato que se puede hacer al respecto es rechazarlo de una vez por todas. Es increíble que persistan en algo que no solo es a todas luces inviable y que conlleva implícito un riesgo real de licuar las finanzas estatales, empezando por los propios aportes de los 225.000 cotizantes de la Caja Fiscal, sino que va absolutamente a contramano con las urgentes reformas que requiere la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, y en general todo sistema de seguridad social del país.