Tras numerosos intentos frustrados, la Cámara de Senadores tiene previsto analizar este miércoles, en su sesión ordinaria, el proyecto de ley que reforma la regulación en la prestación de servicios de seguridad privada. La iniciativa se enfoca en los derechos laborales de unos 60.000 guardias y serenos en el país.
El Instituto de Previsión Social (IPS) pretende gastar más de G. 61.000 millones para la compra de servicios de seguridad, cámaras de vigilancia y hasta pavimento de su hospital central. Mientras tanto, faltan medicamentos.
Una licitación para servicios de seguridad privada y vigilancia realizada por el Instituto de Previsión Social (IPS) por un monto estimado de G. 31.764.106.080, unos US$ 4,7 millones fue cuestionado por los senadores Patrick Kemper y Tony Apuril (Hagamos), quienes solicitaron un pedido de informes sobre el proceso.
Las empresas de seguridad privada son quienes trabajan con más informales, según el viceministro de Trabajo, Luis Orué. Los guardias de seguridad son de los trabajadores con menos derechos laborales, admitió.
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, anunció que contratarán nuevamente el servicio de seguridad privada, licitación que se frenó en mayo pasado tras un fuerte olor a negociado.
Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social, habló sobre las obras que pretenden construir y la inversión de las mismas. También, habló de la posibilidad de tercerizar la seguridad en el ente.