sector público

Hace unos días se supo que las senadoras Zenaida Delgado y Noelia Cabrera, renunciante del partido Cruzada Nacional la una y expulsada del PLRA la otra, devenidas cartistas, utilizaron vehículos del Estado con objetivos particulares. El uso y la tenencia de automotores del sector público están reglamentados por la Ley Nº 704/95, de modo que un legislador, un ministro o un funcionario, entre otros, no pueden hacer con ellos lo que se les ocurra, como si fueran sus dueños. El órgano de aplicación de esta ley es la Contraloría General de la República (CGR), que en 2007 emitió una resolución que dispone el “control permanente” de los vehículos del sector público en todo el país. Pero como en casi todo en nuestro país, la leyes son papel mojado, es decir, no tienen vigencia efectiva. Es necesario defender el bien común, atacando la muy difundida y arraigada creencia de que el Estado es un botín al que se accede mediante unas elecciones o el patrocinio de un influyente personaje de la politiquería.

En contacto con Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía. “Hay una serie de reformas que van a representar esta transparencia, estos criterios de calidad que desde el Ministerio de Economía estamos trabajando en este momento”, expresó.

Ciertamente, existen nuevos postulados fraudulentos, que habilitan un renovado campo de estudio, cuyo desafío consiste en reconocer aquellos sucesos ilícitos dentro de una institución financiera privada. Es que, la acción ilícita de “peculado” se reconoce desde tiempos vetustos, bajo la denominación de peculatus (derecho romano), que había surgido (en principio) como “hurto” realizado al ganado perteneciente al Estado.

En el segundo trimestre del año pasado, el sector público empleaba a 324.229 personas; en el segundo de este año, ya eran 411.588, de las cuales 66.388 habían sido incorporadas en los últimos tres meses, lapso en que el sector privado creó 26.806 puestos de trabajo. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan un alarmante crecimiento del personal público, seguramente estimulado por el calendario electoral. Si el Estado destina alrededor del 70% de los ingresos tributarios a los “servicios personales”, en detrimento de las inversiones de capital, el despropósito se irá agravando con la entrada de nuevos funcionarios y contratados.

Si bien los datos de empleo al segundo trimestre muestran un avance en la ocupación de los paraguayos en comparación a los trimestres anteriores, esta mejora no es uniforme en todos los segmentos económicos.