La Cámara de Diputados sancionó y remitirá al Ejecutivo el proyecto de ley “que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay”, con el cual la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac, dependiente del Ejecutivo) es absorbida por la Contraloría General de la República (CGR).
El senador Eduardo Nakayama (ex-PLRA) indicó que en un primer momento no estuvo de acuerdo con la fusión entre la Contraloría General de la República y la Senac, pues el Ejecutivo no puede ser juez y parte. Pero en otro momento dejó en claro que siempre que se haga una ley que funcione, la anexión le parece una decisión acertada.
El Senado analiza hoy el proyecto de ley que permitirá a la Contraloría General de la República (CGR) absorber la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), una propuesta del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la oposición teme que las nuevas facultades se usen como “garrote” contra opositores y den impunidad a los oficialistas, ya que se pretende autorizar al ente a emitir dictámenes “vinculantes” para la Fiscalía y recibir denuncias “anónimas”.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, anunció que los 17 funcionarios de la desaparecida Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) dependerán de la Contraloría si este miércoles el Congreso aprueba el anteproyecto de ley y que no avalará ningún tipo de irregularidad. “Jamás me voy a prestar para blanquear a nadie”, expresó.
En su próxima sesión, el Senado analizará un cuestionado proyecto de ley por el cual la Contraloría General de la República (CGR) absorbe a la Secretaría Nacional Anti Corrupción (Senac) y gana el poder de emitir dictámenes “vinculantes”, embretando así a la Fiscalía. Los opositores advierten que el cartismo busca dar este poder al Contralor, Camilo Benítez, para atacar a enemigos y blanquear a los amigos del oficialismo.
La Cámara de Senadores aprobó ayer y remitió a la Cámara de Diputados un aumento presupuestario de G. 16.731 millones, dentro del ejercicio 2024, para la Corte Suprema de Justicia. Mediante recursos propios, una parte de la ampliación se financiará con el fondo de indemnizaciones y los pagos por cobertura de gastos por actuaciones judiciales.