La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso presentado por el abogado Alfredo Enrique Kronawetter contra la prórroga otorgada a la Fiscalía, en la causa abierta por supuesta filtración de datos de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad). En consecuencia, se mantiene el plazo ampliado para la presentación de requerimiento conclusivo en el proceso abierto a exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez.
El Tribunal de Apelación en lo Penal 4ª Sala de la Capital otorgó la prórroga extraordinaria de seis meses al Ministerio Público para finalizar la investigación a los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, por supuesta filtración de datos de la Seprelad. La nueva fecha para que se presente el requerimiento conclusivo es el 11 de marzo de 2025.
La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de recusación planteado por la defensa del ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio y confirmó a la jueza de Garantías Cynthia Lovera en la causa que investiga supuestas filtraciones de datos de Seprelad durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, para perseguir políticamente a Horacio Cartes. Ahora el tribunal de alzada debe resolver el pedido de prórroga extraordinaria para que la Fiscalía finalice la investigación.
Luiz Henrique Boscatto, cigarrillero condenado en Brasil por lavado de dinero, además de los presuntos testaferros del clan Insfrán, como Luis Fernando Odorico y Joceline Odorico, también operaban entre 2015 y 2021 con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes a través del descuento de cheques. Así lo revela el informe de Seprelad obrante en Fiscalía desde noviembre de 2021 y al que accedió la CBI.
El fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y una de sus empresas registraron movimientos en el sistema financiero por más de G. 857.902 millones, alrededor de US$ 113 millones a la cotización actual, entre 2015 y el primer trimestre de 2021, según el informe de inteligencia financiera obrante en la Fiscalía desde la primera quincena de noviembre de 2021 y al cual tuvo acceso la CBI. La documentación detallaba las operaciones del legislador cartista, con depósitos en efectivo, transferencias y préstamos, que habrían sido utilizados para el blanqueo de dinero proveniente de redes narcos. Llamativo es que mientras Gomes disminuía sus movimientos, su hijo y Paraguay Autopartes y Accesorios SA aumentaban transacciones.
Cuatro puntos claves descriptos en el informe de Seprelad al cual accedió la Comisión Bicameral de Investigación (2018-2023) y remitido al Ministerio Público a mediados de noviembre de 2021 aparecen en la imputación formulada por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres contra el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Operaciones financieras con personas vinculadas al narcotráfico habrían ayudado a conectar con el legislador cartista en la red. La exfiscal general del Estado Sandra Quiñónez cajoneó la documentación.