El fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes recibió depósitos EN EFECTIVO de personas que aparecen haciendo esta misma transacción a una casa de cambios allanada en reiteradas ocasiones por estar dentro de un supuesto esquema de lavado de dinero. También dos empresas salpicadas en la megaoperación A Ultranza recibieron depósitos de estas mismas personas, según el informe de Seprelad al que accedió la CBI, que estuvo presidida por el exsenador Jorge Querey, y obrante en la Fiscalía desde noviembre de 2021.
En sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Diputados dispuso la postergación por 8 días del proyecto de ampliación presupuestaria de G. 80.220 millones para el Ministerio Público, que es requerido justamente para cubrir deudas que dejó la ex fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ahora investigada por presunta lesión de confianza por su sucesor, Emiliano Rolón.
El fiscal general Emiliano Rolón denunció ayer a su antecesora Sandra Quiñónez por supuesta lesión de confianza relacionada a una obra inconclusa en Caazapá, proyectada para la sede regional, abandonada hace cinco años y que costó G. 20.000 millones. Denuncian omisión para reclamar póliza a aseguradora ligada al cartismo.
Los sindicalistas de la Fiscalía lamentaron que la Cámara de Diputado haya postergado el tratamiento de la ampliación presupuestaria de la institución. Temen que sea una cuestión política, ya que llama la atención que justo se da en el día en el Ministerio Público presentara una denuncia de lesión de confianza contra la exfiscala general Sandra Quiñónez.
Diputados colorados de distintos movimientos pidieron que la denuncia contra Sandra Quiñonez por supuesta lesión de confianza siga su curso procesal y de investigación normal. Algunos directamente festejaron la decisión del fiscal general Emiliano Rolón Fernández y recordaron que, en su momento, el Ministerio Público fue utilizado como órgano de apriete.
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) aseveró que la exfiscala general Sandra Quiñónez no activó la póliza de seguro en relación a una obra inconclusa en una sede del Ministerio Público en Caazapá porque supuestamente la empresa aseguradora pertenece a Juan Carlos López Moreira, exministro del gobierno de Horacio Cartes.