La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer la apelación del Banco Central del Paraguay (BCP) y ratificó el “perdón” al Banco Nacional de Fomento (BNF) en el caso Darío Messer, doleiro, “amigo del alma” de Horacio Cartes y condenado en Brasil. Se mantiene el fallo que dejó sin efecto la multa de G. 10.665 millones que el BCP le impuso al BNF en 2022.
Un proceso penal singular es el que enfrentan tres personas, entre ellas una abogada condenada por secuestro, por haber suplantado a dos extranjeros por otras dos personas, en un examen de carta de naturalización. La Sala Penal ratificó la prórroga extraordinaria para que la Fiscalía presente acusación u otro requerimiento.
La Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 9 años de prisión para un contador, por el desvío de unos US$ 1.500.000 de una firma privada, perpetrada a través de maniobras informáticas. Es la pena más elevada obtenida hasta ahora por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía, según indicaron.
La Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 3 años de prisión para un abogado hallado culpable de violencia familiar. La sentencia menciona que la mujer fue víctima de maltratos físicos y psicológicos. Desde el inicio del proceso, el abogado fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión, pero ahora deberá cumplir la condena. El letrado recurrió a una aclaratoria, pero la misma ya no puede modificar el fallo.
La causa que afecta al ex ministro del Interior Rafael Filizzola, ya estaría prescripta ya que no solamente los acusados “chicanean” sino también los mismos operadores de Justicia interponen recursos que dilatan el proceso, en este caso, la supuesta sobrevaluación de obras de construcción y ampliación de comisarías. La Corte confirmó al juez penal de garantías que debe proseguir el caso, paralizado por magistrados por más de un año.
La Fiscalía por medio de una casación promovida ante la Sala Penal de la Corte Suprema solicitó que la absolución que benefició al intendente de San Antonio sea anulada y que se reenvíe a otro tribunal de sentencia para un nuevo juicio oral y público. El perjuicio ocasionado habría sido de G. 962 millones.