Funcionarios de blanco y administrativos del Policlínico San Miguel de Villarrica se manifestaron frente a la institución con el fin de exigir el pago de salarios atrasados que la Gobernación del Guairá les adeuda por más de tres meses. El centro asistencial depende del presupuesto de la institución departamental y los pagos se hacían de forma irregular a través de comisiones.
Ayer, el Senado dio media sanción al nuevo proyecto de Ley de Contrataciones Públicas que, según autoridades, permitirá que todo el sistema sea más “eficiente”. Sin embargo, el director Pablo Seitz confirmó que no se regulará el siempre conocido “rubro 800″ mediante el cual instituciones malversan fondos. Dijo que son conscientes de ello, pero es algo previsto por el Presupuesto General y es allí donde debe ser solucionado.