El juez de Garantías Raúl Florentín debe analizar el pedido de sobreseimiento definitivo planteado por el fiscal Aldo Cantero, a favor de un investigado como responsable del abuso sexual a una niña de 11 años. La audiencia preliminar de la causa está fijada para este martes 12 de noviembre, a las 8:30, y el magistrado podría imprimir trámite de oposición para que la Fiscalía General del Estado ratifique la solicitud o presente acusación.
César Ramón Ortiz Sosa, alias “Gordito lindo”, y otras dos personas afrontarán juicio oral por supuesta asociación criminal y otros delitos, en el caso de la fuga del condenado por robo agravado de la Penitenciaría de Tacumbú. En mayo del año pasado “Gordito lindo” logró escapar del centro penitenciario vestido de mujer y luego fue recapturado.
El Juzgado de Garantías de la causa revocó la prisión preventiva y otorgó arresto domiciliario a la auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén González, procesada por supuesta reducción y resistencia, tras ser sorprendida con una camioneta robada en Brasil. La funcionaria del Ministerio Público dejará la prisión bajo una fianza real de G. 1.000 millones.
El abogado Rodolfo Manuel Melgarejo Ayala, procesado por supuesto hurto agravado en calidad de instigador en el marco de la investigación del crimen de Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, cumplirá arresto domiciliario desde la fecha. El Juzgado de Garantías revocó la prisión preventiva bajo una fianza real de G. 1.900 millones.
El Juzgado de Garantías de la causa ordenó la prisión preventiva de la auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén González, procesada luego de ser sorprendida con una camioneta denunciada como robada en Brasil. La imputada por supuesta reducción y resistencia ofreció como fianza un inmueble valuado en US$ 320.000, pero no completó la documentación requerida.
Los dos jóvenes sindicados como responsables de la venta de entradas para el concierto del artista de reguetón Bad Bunny, que resultaron ser falsas y con las cuales habrían obtenido una ganancia de poco más de G. 1.200 millones, guardarán arresto domiciliario por orden del Juzgado de Garantías que atiende la causa.