11 de marzo de 2026

En el complejo tablero de la economía paraguaya, existe un motor que opera fuerte: el trabajo no remunerado en los hogares, una actividad que no solo sostiene a las familias, sino que tiene incidencia clave en el desarrollo económico del país.


El déficit de la Caja Fiscal dejó de ser una cifra técnica reservada a informes actuariales y pasó, en los últimos años, a convertirse en una variable con impacto directo sobre la disponibilidad de recursos públicos para otras áreas del Estado. Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que en 2025, el desbalance del sistema previsional del sector público fue de US$ 380 millones. De ese total, US$ 210 millones correspondieron al Programa No Civil y US$ 170 millones al Programa Civil. Para cubrir esa brecha, el financiamiento provino de dos fuentes: US$ 210 millones en impuestos y US$ 170 millones en excedentes fiscales.

De acuerdo con el informe “Perspectivas económicas mundiales” del Banco Mundial (BM), la economía de América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta el año 2026 en un contexto global marcado por una desaceleración moderada del crecimiento, mayores tensiones comerciales y condiciones financieras que, aunque algo más favorables que en años recientes, aún reflejan un elevado grado de incertidumbre. Tras un desempeño relativamente estable en 2025, la región se encamina a una etapa en la que los desafíos estructurales vuelven a ocupar un lugar central en la agenda económica, al tiempo que surgen oportunidades asociadas a la reorganización del comercio internacional y a la consolidación de la estabilidad macroeconómica en varios países.

El Índice de Progreso Social (IPS) 2026, elaborado desde el 2011 por la organización Social Progress Imperative, con el apoyo académico del Incae, presenta un panorama sombrío para la región, en el que Paraguay emerge con una dinámica propia, enfrentando barreras estructurales que amenazan frenar su desarrollo.


El gasto total obligado (remuneración a los empleados, intereses, prestaciones sociales, entre otros componentes clave) del Gobierno Central muestra una trayectoria claramente expansiva en el período 2016–2025, tanto en términos nominales como en su relación con el tamaño de la economía. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto pasó de G. 26,148 billones en 2016 a G. 54,892 billones en 2025, implicando prácticamente la duplicación en una década al considerar el ejercicio fiscal. Esta evolución refleja no solo el crecimiento de las necesidades del sector público, sino también una mayor presión estructural sobre las finanzas del Estado.