HERNANDARIAS. La fiscal Natalia Montanía imputó a dos hermanos libaneses que supuestamente falsificaron documentos para obtener sus respectivas cédulas de identidad. La denuncia fue radicada por la expareja de uno de los procesados.
La Cámara de Apelaciones ratificó las condenas para cuatro exfuncionarios del Indert que habían fraguado la adjudicación falsa a un particular de un inmueble que era utilizado como aeropuerto de Capitán Bado. En esta causa de estafa y producción de documentos no auténticos, sigue prófugo el expresidente de esta institución, Luis Ignacio Ortigoza.
Un proceso penal singular es el que enfrentan tres personas, entre ellas una abogada condenada por secuestro, por haber suplantado a dos extranjeros por otras dos personas, en un examen de carta de naturalización. La Sala Penal ratificó la prórroga extraordinaria para que la Fiscalía presente acusación u otro requerimiento.
La Sala Penal de la Corte confirmó la condena de 9 años de prisión para un contador, por el desvío de unos US$ 1.500.000 de una firma privada, perpetrada a través de maniobras informáticas. Es la pena más elevada obtenida hasta ahora por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía, según indicaron.
CIUDAD DEL ESTE. La agente fiscal Diana Gómez imputó a dos brasileños acusados de presuntamente falsificar documentos con el propósito de facilitar que estudiantes accedieran de manera fraudulenta a los últimos años de la carrera de Medicina. También solicitó al Juzgado Penal de Garantías decretar la prisión preventiva de ambos.
El Ministerio Público presentó una imputación contra una pareja por supuestamente utilizar documentos no auténticos de una beba. La detención de las dos personas fue en la sede de la embajada de Estados Unidos en Paraguay.