La directora de Fiscalización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) contó que ayer, miércoles, funcionarios administrativos de esta institución fueron retenidos en contra de su voluntad cuando intentaban retirarse de la Finca 916, en Villa Hayes, a donde fueron a hacer una fiscalización por presuntos ocupantes ilegales.
La empresa Mota Engil presentó ayer una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de cobrar los US$ 19 millones que un laudo arbitral había condenado a pagar al Estado paraguayo a favor de la empresa portuguesa, como consecuencia del fallido proyecto del metrobús. Esta sentencia había sido parcialmente anulada por un tribunal de la capital, lo que redujo la condena a US$ 2,6 millones. Sin embargo, la empresa extranjera ahora insiste ante la Corte Suprema para que se le pague el monto originalmente establecido en la sentencia internacional.
La Cámara de Apelación emitió fallo favorable a las pretensiones del Estado sobre la Finca 916, ubicada en Villa Hayes. El tribunal ratificó el AI (Auto Interlocutorio) Nº 844 del 1 de noviembre de 2023, dictado por el Juzgado de Primera Instancia del Decimonoveno Turno.
La intervención de la Procuraduría de la República en la causa que investiga la presunta lesión de confianza con el fallido metrobús fue ratificada por el juzgado Penal de Garantías del caso. La audiencia preliminar debió iniciarse esta semana, pero fue suspendida a pedido de la fiscalía.
La Asociación de Abogados Laboristas del Paraguay emitió un comunicado, este martes, donde califica de indebida la intervención de la Procuraduría General de la República del Paraguay en los juicios laborales de Copaco SA.
La Procuraduría General de la República logró la anulación del embargo sobre G. 5.344 millones en bienes de Copaco. El fallo garantiza la protección de los activos de la compañía en beneficio del Estado. El Juzgado analizó que los bienes de Copaco son inembargables por ser una entidad estatal.