Las medidas cautelares otorgadas por la Corte, que permiten la importación de alimentos y bebidas sin registro sanitario, generan desigualdad en el mercado y ponen en riesgo la salud de los paraguayos. Así lo afirmó el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marco González, que impulsó acciones intentando contener la “lluvia de pedidos” de firmas, varias de ellas de maletín, que quieren “puentear” las normas sanitarias.
Argumentando indefensión del Estado, en calidad de víctima, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Justicia que revoque la sentencia que condenó a siete personas a 2 años con suspensión de la ejecución, por un caso de contrabando de artículos de electrónica por US$ 52 millones. La leve condena fue otorgada a cambio de una donación de G. 400 millones.
Son 30 las causas que aún siguen en el ámbito civil tras el escándalo de la Finca N° 916 de los “ocupantes vip” de Remansito, en Villa Hayes, anunció este martes el procurador general de la República, Marco Aurelio González.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, recordó que cuando buscó alianzas con otros países para pelear juntos en la recuperación del dinero del Mecanismo Covax supo que las otras naciones aceptarían las condiciones impuestas y pagarían la tasa de salida. Paraguay fue el único que rechazó las condiciones y finalmente recuperó parte del dinero abonado.
La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un dictamen con respecto al proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Recomendó modificar varios artículos de la iniciativa parlamentaria, que ya está siendo cuestionada por varios referentes de las ONG.
El fiscal Diego Arzamendia pidió desestimar la denuncia presentada contra los “ocupantes vip” de la Finca 916, ubicada en Villa Hayes, por supuesta lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. Estas tierras del Estado iban a ser despojadas a través de una ley, en la cual uno de los proyectistas fue el actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). No se conocen los argumentos para la desestimación.