privilegios

La ciudadanía paraguaya tiene la desdicha de soportar un Poder Legislativo cuyos miembros gozan de numerosos privilegios, y algunos que van más allá y ya abusan de tan envidiable situación, mediante lo que parece ser un uso indebido de influencias, con la complicidad de las autoridades de las respectivas Cámaras. En este afortunado panorama, ajenos a la indignación ciudadana y sin temor a castigo alguno, instalan sin concurso a sus allegados en puestos públicos, utilizan en provecho propio a personal nombrado en el Congreso, se apropian dudosamente de bienes del Estado, utilizan a entidades públicas en su beneficio, y lo más reciente que salió a luz, utilizan bienes incautados con fines particulares. Es decir, el aparato estatal en su beneficio, mientras grandes sectores de la población sufren de enormes carencias.

En más de un sentido, los legisladores paraguayos son ciudadanos de primera, pues el común de sus compatriotas está bien lejos de gozar de sus diversas prerrogativas. Se comprende que tengan la inmunidad que impide detenerlos, salvo que sean hallados en flagrante delito que merezca pena de prisión, aunque tiendan a convertirla de hecho en impunidad, mediante el uso indebido de influencias en el Ministerio Público y en la judicatura, y también tienen por costumbre instalar ilegalmente a sus allegados en un cargo público. La cuestión es que sus privilegios van mucho más allá de los fueros. Pero el buen pasar de nuestros legisladores, cuyas decisiones legislativas muchas veces tienden más a beneficiar a sus allegados y a sí mismos, no termina para ellos una vez que se ven obligados a dejar sus bancas. En efecto, se han adjudicado una envidiable jubilación de privilegio, tanto ordinaria como extraordinaria, que vulnera el principio de igualdad ante las leyes.

Varios integrantes de las Fuerzas Armadas, que actualmente realizan tareas administrativas, aparecen como beneficiados con millonarias bonificaciones por exposición al peligro. Esta asignación figura en el presupuesto de este año, pero la prioridad de un mayor porcentaje era para el personal que presta servicio en el CODI, según una orden especial de enero pasado. El ministro de Defensa, Óscar González, prometió verificar la situación.

El presidente Santiago Peña (ANR) se burla de los trabajadores del país al proponer el aumento de la dieta de G. 5 millones para los 80 diputados y 45 senadores. De aprobarse, crecerá aún más la odiosa brecha entre la casta de altos funcionarios y el trabajador común. Esto sin contar el bajo nivel de preparación y varios procesados por crímenes.

El presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, solicitó acceder a un régimen de alimentación saludable y diferenciado en la cárcel de Viñas Cue. Su abogado, el defensor Álvaro Arias, justificó el pedido argumentando que su cliente se sometió a una cirugía de bypass gástrico en el 2020, por lo que debe consumir alimentos saludables, ricos en proteínas y con cierto déficit de calorías, bajo la supervisión constante de nutricionistas.