La nueva Ley de Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores, recientemente promulgada, implica importantes cambios al sistema. En esta nota te contamos quiénes pueden postular, cuáles son los requisitos, cómo inscribirse y todo lo que debés saber sobre la ayuda social que beneficia a personas de la tercera edad.
Con la aprobación en general en Diputados del proyecto de ley de “pensión universal para las personas adultas mayores”, se considera ya virtualmente sancionada, pese a no tener claro cómo se financiará. El Ministerio de Economía había advertido que algo similar sería insostenible. Lo cierto es que da más poder al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.
Tras un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó en general y postergó en particular por una semana el proyecto de modificación a la ley de pensión para adultos mayores para eliminar censo, para hacer modificaciones a fin de asegurar efectivamente los fondos.
La Cámara de Senadores sancionó y remitió al Ejecutivo ayer, por amplia mayoría y sin debate, el proyecto de ley que desprecariza la jubilación no solo de los docentes universitarios, sino de todos los funcionarios públicos.
Aprovechando que la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de ayer quedó sin quorum, al momento de conformarse el nuevo orden del día de la reunión extraordinaria, que se desarrolló posteriormente, se incluyó “por la ventana” y se dio media sanción a un proyecto de ley impulsado por legisladores cartistas que plantea otorgar beneficio de pensión de salud para policías y militares retirados.
El caso de la madre de la senadora liberocartista Noelia Cabrera, que percibe indebidamente una pensión de adultos mayores “en situación de pobreza”, es una burla descarada a toda la sociedad que dista de ser anecdótica. Al contrario, es una muestra concreta de algo mucho más generalizado que pone en evidencia el tremendo despilfarro –o robo, para decirlo sin vueltas– del dinero de los contribuyentes y que expone la principal razón del fracaso de las políticas de asistencia social del Estado. Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la enorme mayoría de los contribuyentes y de la ciudadanía en general estará de acuerdo con que se usen sus impuestos para ayudar a los compatriotas que más lo necesitan, pero que el dinero llegue realmente a donde debe llegar y sirva para resolver los problemas estructurales del país.