El caso del exconsejero del Instituto de Previsión Social Gustavo Ramón Arias, quien no puede justificar su meteórico incremento patrimonial y se construyó una ostentosa casaquinta en Areguá en plena pandemia, desplazado de su cargo por este Gobierno, pero inmediatamente premiado con otro jugoso zoquete en el instituto pese a que ni siquiera hacía acto de presencia amparado en permanentes certificados médicos por estrés, dista de ser un escandaloso hecho anecdótico. Es una prueba más de que el Consejo de Administración del IPS, al menos tal como está concebido y conformado, no sirve absolutamente para nada más que como fuente de privilegios, politiquería y tráfico de influencias. La Contraloría General de la República acaba de ratificar su informe en el que constata insalvables inconsistencias entre los ingresos de Arias y el aumento de su patrimonio, que pasó de negativo a multimillonario, compras al contado de inmuebles y vehículos, varias cuentas bancarias, subvaloraciones y omisiones en sus declaraciones juradas.
La nueva ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, afirmó a ABC que su intención es que “las culturas sean una prioridad en este gobierno para revalorizar todo lo que a nosotros nos hace ser”. También indicó que buscará crear sus ejes de trabajo a partir de un diálogo con todos los sectores y que hay planes para convertir a la institución en un ministerio.
El presidente del Congreso Nacional, el senador Silvio “Beto” Ovelar, defendió su millonario patrimonio y aseguró que no hubo ningún crecimiento agigantado. Además, justificó la designación de su esposa Magnolia Mendoza como asesora jurídica de la Itaipú Binacional por su capacidad técnica, aunque también admitió que fue nombrada por razones políticas.
Julio Ibarra, director de Bienes Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), explicó que entregarán una notificación para los dueños de la casa patrimonial del microcentro cuyo inicio de demolición fue denunciado por vecinos. Se les emplazará a que den una respuesta y, de no obtenerla, se buscará una orden judicial. La casona data de 1.930.
Jorge Bogarín Alfonso, declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos, presentó un meteórico crecimiento patrimonial desde su incursión en la función pública. En siete años, tuvo un crecimiento de 394 veces su capital inicial, es decir, pasó de G. 3 millones a más de G. 1.497millones.
La mayor parte de sus vidas, los niños del distrito histórico de Al Khalifa, en El Cairo, solo veían los mausoleos, mezquitas y madrasas desde los pesados portones de bronce.