QUYQUYHÓ. El camino vecinal de 33 kilómetros que une este distrito con María Antonia se encuentra en un estado calamitoso, siendo el sector más afectado el de Quyquyhó. A pesar de los reiterados pedidos realizados a la intendenta Patricia Corvalán (ANR), sus solicitudes fueron ignoradas, por lo que decidieron realizar una vaquita para alquilar maquinarias viales y acompañar con palas y azadas en los sectores más afectados.
Tres intendentes colorados no entregaron sus rediciones de cuentas del dinero que recibieron del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) durante este primer semestre. según la Contraloría General de la República (CGR). En tanto que 22 jefes comunales lo hicieron fuera del plazo establecido por ley, de acuerdo al último informe del ente de control.
El diputado Esteban Samaniego (ANR, cartista), su esposa Patricia Corvalán -actual intendenta de Quyquyhó- y sus principales operadores les cuesta al Estado G. 1.760 millones por año. El legislador tiene cinco pedidos de desafuero, pero es blindado por sus colegas.
Pobladores de la compañía Yaguary, de Quyquyhó, denunciaron un nuevo acto patoteril que habría protagonizado supuestamente, ayer el imputado, diputado Esteban Martín Samaniego (ANR-HC). Lo denuncian por romper el retrovisor lateral de un vehículo en el que viajaban niños y adultos, que regresaban de retirar víveres. Un vecino que observaba lo que estaba haciendo le desafió a una pelea física y sus custodios realizaron disparos, que afortunadamente no llegó a mayores.
Carlos Fabián Bareiro Medina, hijo del concejal de Quyquyhó Carlos Bareiro (ANR), es otro de los que “ya están mejor” con el gobierno de Santiago Peña. El joven, de apenas 18 años, fue contratado como “aprendiz” en la Itaipú Binacional en enero pasado con un salario de G. 3.758.000 y solo cuenta con un título de bachillerato, según su declaración jurada de bienes.
El diputado de Paraguarí Esteban Samaniego y su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, ambos colorados cartistas e imputados, chicanearon para evitar la audiencia de imposición de medidas alternativas a la prisión en una causa que se les investiga por los supuestos ilícitos cometidos entre el 2011 y 2017 en la Municipalidad de Quyquyhó.