La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) criticó al Gobierno por su falta de voluntad política para obligar a las operadoras del billetaje a reportar situaciones sospechosas de fraude. Ni siquiera después del escándalo de los “pasajeros fantasma”, destacaron sus referentes.
El bus que trasladaba “pasajeros fantasma” no figura en la base de datos de flota habilitada para circular del Viceministerio de Transporte y la información del colectivo no coincide con lo reportado en el Registro Automotor, sino que lo vincula a una empresa de la familia Jiménez, concesionaria de las Líneas 38, 53, 58 y 128.
Un usuario del transporte público grabó a un chofer que validaba pasajes mientras conducía, ante sospecha de que la maniobra sería para cobrar subsidios por “pasajeros fantasmas”. Transporte dice que indaga el caso.