Gustavo Colmán, representante legal de la comunidad Maká, lamentó que se incumplieran disposiciones internacionales para el desarrollo de obras que afectan a comunidades indígenas, desde el inicio de la construcción del puente “Héroes del Chaco” sobre sus tierras. Indicó que la situación se denunció ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) pero que esta no impidió la continuidad de la infraestructura.
El titular de la Dirección de Contrataciones Públicas señaló que su entidad tiene la atribución de anular licitaciones del Instituto de Previsión Social, ante consultas sobre el cuestionado proceso para tercerizar el lavado y planchado de ropas hospitalarias que fue aprobado por la previsional.
El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, recomendó la coordinación de los procesos licitatorios en el equipo de transición, considerando el pedido de Santiago Peña de cancelar los llamados. “Hay que entrar a hacer un análisis más fino”, planteó. Informó que hay 3.000 llamados implementados este año y el sistema de control está funcionando “al 100%″.
No solo no se encuentran documentaciones que prueben que fueron entregados módulos para monitoreo del billetaje electrónico, sino que además hay serias sospechas de que se convocaron dos licitaciones para proveer el contrato incumplido. Los titulares de Contrataciones Públicas y del Viceministerio de Transporte decidieron ayer ampliar los controles.
El director de la DNCP, Pablo Seitz, reconoció que instituciones del Estado recurren a organizaciones administradoras de programas y proyectos, como el PNUD, para ejecutar dinero público, saltándose así los controles de la ley de contrataciones públicas.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se encuentra investigando el contrato realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en relación al centro de control y monitoreo del billetaje electrónico, que ya debería estar en funcionamiento “24/7″, pero la realidad no es así. Según el director de la DNCP, Pablo Seitz, el consorcio contratado se expone a multas o inhabilitaciones de contratar con el Estado.