El ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich y otras dos funcionarias del ente estatal fueron sobreseídos provisionalmente en la fecha, del proceso penal por supuestamente haber ocultado las alertas sobre operaciones sospechosas del ‘doleiro’ Darío Messer. La fiscalía tiene un año de plazo para cerrar la investigación.
Un equipo fiscal solicitó el sobreseimiento provisional para el extitular de la Seprelad Óscar Atilio Boidanich Ferreira y otras dos personas más, quienes están procesados por supuestamente ocultar al Ministerio Público operaciones sospechosas de personas y firmas ligadas al doleiro Darío Messer, reportadas por tres bancos. Con esto, la Fiscalía tiene plazo de hasta un año para concretar las diligencias pendientes para pedir la reapertura de la causa y presentar su requerimiento conclusivo.
Correos internos echan prácticamente por tierra la versión de que el expresidente Mario Abdo Benítez “filtró” el informe de Seprelad. La Fiscalía dice que el exmandatario, en un discurso, habló de las “confidenciales” transferencias para el imputado extitular del ente antilavado, Óscar Boidanich. Lo cierto es que esos datos aparecieron en el reporte luego de ser públicos.
El Ministerio Público deberá presentar requerimiento conclusivo en abril de 2024, contra el extitular de la Seprelad Óscar Boidanich y dos personas más, procesadas al estar imputadas por supuestamente ocultar información a la Fiscalía sobre operaciones sospechosas de personas y firmas ligadas al doleiro Darío Messer, reportadas por tres entidades bancarias.
Este martes, el juez penal de Garantías José Agustín Delmás otorgó medidas alternativas a la prisión al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, (Seprelad) Óscar Boidanich y a dos funcionarias de la institución, procesados por supuesto lavado de dinero y frustración a la persecución y ejecución penal en el caso Darío Messer. El magistrado estableció una fianza de G. 500 millones para cada, prohibición de salir del país y otras medidas.
“A lo que solicitó el Ministerio Público, que es la medida alternativa, el Juzgado dispuso una fianza de G. 500 millones para cada uno de los procesados”, juez José Agustín Delmás.