CIUDAD DEL ESTE. Unos 100 operadores políticos del clan Zacarías ya están mejor ocupando cupos en la Fundación Tesãi, financiada por la Itaipú Binacional, según denunciaron trabajadores desvinculados y sindicalistas del ente. La diputada Rocío Abed de Zacarías (ANR -cartista) arma su equipo político con aspiraciones de llegar a la Intendencia esteña.
Las masivas contrataciones de operadores políticos en la Cámara de Diputados cada vez más desangran el presupuesto público que es financiado con dinero de los contribuyentes. El titular de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete) contrató en un lapso de cinco meses a 54 funcionarios que se agregan a los 169 que actualmente existen.
El gobernador de San Pedro, Carlos Giménez, militante del movimiento Colorado Añetete del presidente de la República, admitió ayer a ABC TV que conoce a los civiles apresados y que incluso su primo Ramón Giménez Velázquez y el docente Amado Pérez Marecos eran sus operadores políticos.
El diputado Tadeo Rojas (colorado cartista), al ser consultado sobre la designación de sus operadores como interventores de la Junta de Saneamiento de Areguá, respondió: “Esa Junta de Saneamiento estaba administrada de forma individual por una persona de nombre Ignacio Torres, sin ninguna comisión directiva y representante municipal. Incluso surgieron denuncias de agua contaminada, y a partir de ese momento nosotros, con los propios funcionarios de la Junta, tomamos la Junta, en rebeldía en contra de este señor Ignacio Torres, digamos, como para impulsar su destitución”.
El diputado Tadeo Rojas admitió que los interventores de la Junta de Saneamiento de Areguá son sus operadores políticos. “Yo no puedo negar que son gente del equipo político (su equipo), pero desmiento categóricamente que nuestro objetivo es supuestamente recursos que podrían venir para alcantarillado sanitario, siendo que los responsables de la ejecución de los gastos de la inversión de todo lo que haga con relación a alcantarillado sanitario le corresponde exclusivamente al MOPC”, dijo, contradiciendo así al interventor de la aguatera, Javier Estigarribia.
A causa de un fallo del Tribunal de apelaciones de Asunción, Yacyretá debe informar sobre funcionarios que serían operadores políticos.