En marzo de 1999 la embajada de Estados Unidos, encabezada entonces por Maura Harty, orquestó en nuestro Paraguay un golpe de Estado que truncó el gobierno elegido por el pueblo en abril de 1998.
El presidente de Opaci, Óscar Cabrera Narváez, afirmó que la ONG no tiene obligación de rendir cuentas ante la Contraloría, pese a que recibe dinero de las municipalidades. Agregó sin embargo que desde dicha organización “mimada” por el cartismo no tienen problemas en ser auditados por la CGR.
El prestigioso medio británico The Guardian destacó que la promulgación de la ley de control a organizaciones no gubernamentales - impulsada por el cartismo - por parte del presidente Santiago Peña ha generado alarma y rechazo en organizaciones civiles y opositores políticos paraguayos, quienes la consideran un “giro hacia el autoritarismo”.
El director ejecutivo de Fundación Paraguaya, Martín Burt, afirmó que esperan que la reglamentación de la ley anti-ONG no sea peor que la misma normativa, la cual calificó de inconstitucional.
El Gobierno avanza en la reglamentación de la Ley anti-ONG con un enfoque participativo, según destacaron los ministros María Saldívar y Gustavo Villate. Saldívar señaló que el proceso de participación de referentes de las ONG tiene como objetivo lograr una normativa factible y aplicable, mientras que Villate sostuvo que la nueva legislación busca diferenciar a quienes actúan de buena fe de aquellos que no.
Sin el más mínimo intento de simular legalidad, la Cámara de Diputados tratará hoy en sesión ordinaria la prórroga del mandato de la comisión “garrote”, brazo persecutor del cartismo en el Congreso, fuera de plazo, y sin que hasta ahora se haya remitido al menos un informe preliminar que justifique extender el plazo de acción que hasta ahora solo sirvió para el “apriete” a “enemigos”. Además de analizar fuera de plazo, ayer, el diputado opositor Raúl Benítez presentó pedido del informe preliminar que avale la prórroga, pero no tuvo respuesta.