El Tribunal de Cuentas reafirmó la titularidad del Estado sobre la finca 916 en Villa Hayes, descartando las pretensiones del municipio y reforzando la posición jurídica defendida por el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República.
El fiscal general del Estado calificó de impropio “instalar una perspectiva de enjuiciamiento” contra el fiscal de la causa de las “ocupaciones VIP” de tierras públicas en Villa Hayes por el hecho de que aún no haya personas imputadas. Un miembro del Jurado de Enjuiciamiento cuestionó al segundo y dijo que se analizará un eventual enjuiciamiento.
Los ministros César Garay Zuccolillo y Víctor Ríos Ojeda, rechazaron la supuesta declaración del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, quien acusó que desde la Corte Suprema se presiona para que el fiscal Diego Arzamendia impute en el caso de los “ocupantes vip”. El Jurado, que integra Garay, tomó la determinación de iniciar una próxima investigación al agente fiscal ante su supuesta inacción.
El presidente Santiago Peña firmó el decreto que deja sin efecto los decretos del 2002 y 2020 que desafectaban tierras de la finca 916 del Ministerio de Defensa en Remansito para destinar a particulares. En octubre pasado estalló el caso de los ocupantes vip.
Los conocidos como ocupantes vip de la finca 916 exigen el cumplimiento de los decretos presidenciales por los cuales se transfiere una fracción de 194 hectáreas al Indert. Uno de los residentes de esa fracción afirmó que ingresó al sitio porque la porción tenía esos documentos y uno de los terrenos “estaba libre”.
Uno de los casos más controversiales del gobierno de Santiago Peña fue el de la finca 916, en el que Basilio “Bachi” Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, movimiento oficialista, intentó despojar tierras del Estado a favor de ocupantes VIP, quienes construyeron lujosas mansiones, contaban con vehículos de alta gama y yates, en un inmueble que pertenecía al Ministerio de Defensa.