En audiencia pública realizada ayer en la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo, a cargo de Rafael Avila, presentó un anteproyecto de ley que propone cobrarle G. 515.455 a los que no hicieron el Servicio Militar Obligatorio (SMO). Para eludir el pago, se propone un trabajo comunitario bajo ciertas condiciones.
Según informes oficiales del Ministerio de Hacienda, entre el 2020 y 2021, plena crisis económica por el covid-19, la Defensoría del Pueblo, a cargo del cartista Miguel Godoy, recaudó por pago de carnet de objeción de conciencia G. 1.823 millones. El polémico proyecto de ley que declara la “muerte civil” del objetor de conciencia triplicará los ingresos de la institución.
La Cámara de Diputados aprobó un polémico proyecto de ley que declara la “muerte civil” a los objetores de conciencia que no cuenten con su carnet de objetor al servicio militar obligatorio y otorga un poder de recaudación al defensor del pueblo, Miguel Godoy.
El diputado liberal Jorge Ávalos, uno de los impulsores del proyecto de ley aprobado ayer en Cámara Baja que obligaría a objetores de conciencia a hacer servicio civil o pagar una multa para poder hacer trámites como la gestión de pasaportes, dijo que su proyecto simplemente reglamenta una ley ya vigente desde 2010 pero no aplicada.
La Cámara de Diputados aprobó un polémico proyecto de ley que declara la “muerte civil” a los objetores de conciencia que no cuenten con su carnet de objetor al servicio militar obligatorio y otorga un poder de recaudación al defensor del pueblo, Miguel Godoy (ANR, HC). El proyecto pasa a consideración del Senado.
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño explicó que analizarán algunas modificaciones al proyecto de ley que busca reglamentar el derecho a la objeción de conciencia frente al Servicio Militar Obligatorio. Este proyecto inicialmente reglamenta que los objetores que no tengan la documentación, no podrán hacer trámite de pasaporte, acceso a becas del Estado ni podrán concursar a cargos públicos.