La fiscal Alma Zayas solicitó a reapertura de la causa contra el ex intendente de San Pedro de Ycuamandyyú Gustavo Rodríguez (ANR-HC) y otras nueve personas, además presentó acusación por la comisión del hecho punible de lesión de confianza y pidió juicio oral por el presunto daño de G. 2.269 millones cometidos durante la gestión 2021-2022.
SAN PEDRO. Tres colorados irán a internas el próximo 9 de julio con la intención de ganar la candidatura por la Asociación Nacional Republicana, con miras a las elecciones municipales del próximo 10 de setiembre, que elegirá al intendente que ocupará el cargo que dejó el cuestionado Gustavo Rodríguez (ANR-HC), quién ante su inminente destitución, había renunciado. El ganador de las internas disputará la Intendencia con dos candidatos, uno Independiente y una mujer por la Alianza.
Los integrantes de las Comisión Especial de intervención de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú recibió hoy a ocho concejales municipales para escuchar sus denuncias contra la administración del cartista Gustavo Rodríguez, quien busca una banca en la Cámara de Diputados de la mano del cartismo. La contraloría General de la República (CGR) detectó una malversación de G. 2.500 millones.
Colorados presentaron los nombres de los diputados que integrarán la comisión especial que analizará las denuncias de malversación en la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, a cargo del cartista Gustavo Rodríguez, actual candidato a diputado de la mano del declarado significativamente corrupto por Estados Unidos Horacio Cartes.
La Cámara de Diputados en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo constitucional para conformar la comisión especial que va a analizar el pedido de intervención a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, administrado por el cartista Gustavo Rodríguez.
El gobernador de San Pedro, Vicente Rodríguez (ANR), lanzó a su hijo Gustavo Rodríguez como candidato a intendente de San Pedro de Ycuamandyyú. El acto, que se realizó a todo lujo, generó fuertes críticas de sus opositores que piden explicaciones sobre el destino de más de G. 7.000 millones que habría recibido la gobernación por declaración de emergencia.