La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó “in limine” el último incidente planteado por el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez (ANR - cartista), condenado a 8 años de cárcel por el desvío de casi G. 860 millones con obras en 15 escuelas. La sentencia quedó firme en abril de este año, pero la defensa planteó varios recursos para dilatar la ejecución.
El diputado Raúl Benítez (independiente) opinó que si se comprueba que existieron irregularidades en el manejo del combustible en la Municipalidad de Lambaré, el intendente está obligado a denunciar el hecho. Advirtió que “si no lo denuncia, se convierte en cómplice”.
El diputado colorado Orlando Arévalo y su esposa, la concejala lambareña Carolina González, usaron en solo cinco meses 846 litros de combustible destinado a la Junta Municipal de Lambaré. Las cargas con tarjeta de Petropar por parte de la pareja cartista se realizaron en varios puntos del país, entre ellos en el departamento de Alto Paraná, donde coincidentemente la edil comunal posee institutos de formación docente.
El intendente de Lambaré, el colorado Guido González, señaló que el uso que los concejales dan a las tarjetas de combustible que se les asigna para labores de la Junta Municipal es responsabilidad de los ediles, luego de que se revelara que la concejala colorada Graciela González cargó combustible con recursos municipales a vehículos de su esposo, el diputado cartista Orlando Arévalo.
Auditoría muestra que la Municipalidad de Lambaré abastece litros y litros de combustible a la camioneta -de la marca Nissan modelo Patrol- que está a nombre del diputado cartista Orlando Arévalo Zelianko. Las cargas se realizaron con una tarjeta magnética de la gasolinera estatal Petropar.
El exintendente de Lambaré Armando Ramón Gómez Arévalo, de 56 años, y su exdirector de Administración y Finanzas Roberto Ever Paredes Ojeda cumplirán arresto domiciliario en el proceso que afrontan por presunta lesión de confianza y apropiación, por el desvío de más de G. 7.300 millones de fondos jubilatorios. La fiscalía había solicitado la prisión preventiva del político liberal, ya que es la segunda causa que afronta por hechos de corrupción.