La Contraloría General de la República (CGR) informó que un intendente liberal no entregó su rendición de cuentas del segundo cuatrimestre del uso de royalties y Fonacide. Otros seis jefes comunales lo hicieron fuera de tiempo.
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), y otros doce acusados por lesión de confianza y asociación criminal deben comparecer mañana ante el juez José Agustín Delmás a las 8:00.
Cuatro intendentes del Partido Colorado no rindieron cuentas de los millonarios recursos que recibieron en concepto de royalties durante el 2023, según consta en la planilla publicada por la Contraloría General de la República (CGR). Por otro lado, lo hicieron de manera tardía tres intendentes del Partido Liberal y otros tres intendentes colorados.
La intendenta de Valenzuela (Cordillera) Mirtha Fernández (PLRA) no presentó su rendición de cuentas de ejecución presupuestaria del 2022 ante la Junta Municipal y hasta ayer seguía sin presentar su rendición de cuentas del 2023. Si bien tiene tiempo para entregar el documento del 2023 hasta el 31 de marzo, según lo que establece la ley Orgánica Municipal, los concejales se mostraron asombrados que en el último informe de la Contraloría General de la República (CGR), la gestión municipal aparezca como que ya remitió todos sus documentos ante el ente contralor.
Los intendentes colorados Antonio Apezteguía de San Vicente Pancholo (San Pedro) e Hilario Adorno de Puerto Casado (Alto Paraguay) no entregaron sus rendiciones de cuentas del tercer cuatrimestre correspondiente al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) ante la Contraloría General de la República (CGR), a pesar de los 15 días hábiles de “gracia” que les otorgó el ente.
El Juzgado de Garantías programó la audiencia preliminar de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros (PLRA), y otros 12 acusados de supuesta asociación criminal y lesión de confianza que ocasionó un daño patrimonial de casi G. 1.200 millones al municipio. La citación es bajo apercibimiento y, además, se ordenó la captura de un procesado y el defensor de la jefa comunal fue llamado para ser sancionado por las constantes chicanas.