15 de junio de 2025
El Fondo de Garantías de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fogami), uno de los fondos administrados por el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy), cumple una función específica dentro de las políticas públicas orientadas a reducir las barreras de acceso al crédito. Este instrumento busca cubrir parcialmente el riesgo crediticio de las mipymes y empresas intermedias, cuando estas no cuentan con garantías suficientes para cumplir los requisitos tradicionales exigidos por las entidades financieras.
El presidente de la República, Santiago Peña, resaltó en conferencia de prensa las dos últimas leyes promulgadas, las cuales, según su perspectiva, tendrán una gran relevancia e impacto en lo económico y social. Además, celebra el reconocimiento de la calificadora Standards & Poor’s y aseguró que el Paraguay llegará al grado de inversión.
Juan José Bernis, abogado laboralista, sostuvo que con las modificaciones a la ley de micro, pequeñas y medianas empresas se está legalizando la ilegalidad actual. Calificó de grave que las propuestas de ley quiten derechos laborales y que las mismas no beneficiarán a los empresarios.
Varios gremios de trabajadores, entre ellos la Corriente Sindical Clasista (CSC), exigen al presidente de la República, Santiago Peña, que vete la ley de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) por ser inconstitucional y atentar contra los derechos de los trabajadores.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son unidades económicas que son catalogadas como tales de acuerdo con la cantidad de empleados y facturación. Así, las microempresas están formadas hasta por un máximo de 10 personas, en la que el propietario trabaja, personalmente, él o integrantes de su familia y cuya facturación anual sea de hasta G. 646.045.491. Se considera una pequeña empresa cuando su facturación alcance G. 3.230.227.453 y ocupe a un máximo de 30 trabajadores, mientras que las medianas deben llegar a ventas por G. 7.752.545.886 y emplear hasta a 50 trabajadores.
Siguen las repercusiones nacionales e internacionales a la ley Anti-ONG que está en manos del Presidente de la República, Santiago Peña, para su promulgación o veto. Un sector que está dentro de los gremios que generan empleos, como la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Aso mipymes), comunicó en mayoría que rechazan la normativa. Su presidenta cuestionó, entre otros puntos, que hay que ver su afectación a la libertad de trabajar.