LUQUE. La funcionaria del Congreso, María Laura Miers Espínola, investigada por el Ministerio Público por presunto caso de planillerismo, fue comisionada en junio de este año a la Municipalidad de Luque. Consultamos al director de Talento Humano de la comuna sobre las funciones que la procesada cumple, pero dijo que no recuerda si la mujer es o no funcionaria de la institución municipal.
LUQUE. María Esther Roa Correa y Carmen Edid Rodríguez Godoy, presidenta y secretaria de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), respectivamente, denunciarán esta mañana a la funcionaria del Senado María Laura Miers Espínola ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos por la supuesta comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios.
María Laura Miers Espínola, funcionaria del Congreso Nacional, hoy volvió a “trabajar” a la casa del ex senador condenado Óscar González Daher a pesar de haber sido sorprendida en lo mismo anteriormente. La planillera, tras ser descubierta “haciendo oficina” en la casa del colorado cartista, pero con salario del Estado, solicitó vacaciones y hoy debía presentarse en el Legislativo para conocer sus nuevas funciones.
La directora de Talento Humano del Congreso, Norma Cardozo, afirmó que los funcionarios que sean descubiertos aprovechándose del teletrabajo para hacer campañas políticas serán sancionados, aunque no explicó cómo. La misma se reunió con el titular del Parlamento, Óscar “Cachito” Salomón.
El secretario general del Congreso, Antonio Sánchez, informó que la presunta planillera María Laura Miers Espínola ya no acudirá al Congreso Nacional durante lo que dure el sumario administrativo en su contra, que podría extenderse por 6 meses. La funcionaria seguiría percibiendo su salario –de más de G. 7.000.000- a menos que el juez sumariante resuelva lo contrario.
El secretario general del Congreso, Antonio Sánchez, informó que la presunta planillera María Laura Miers Espínola ya no acudirá al Congreso Nacional durante lo que dure el sumario administrativo en su contra, que podría extenderse por 6 meses. La funcionaria seguiría percibiendo su salario –de más de G. 7.000.000- a menos que el juez sumariante resuelva lo contrario.