Marco Aurelio González, procurador general de la República, explicó algunos detalles de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Carrera y Servicio Civil, que modifica la Ley de la Función Pública, que fue promulgada hoy, pero entrará en vigencia recién en seis meses.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, enumeró los cuatro principales pleitos que tiene pendientes el país, de los cuales, por lejos, el más importante es el relativo a la deuda con Petróleos de Venezuela SA por 270 millones de dólares. Los otros son el del Metrobús, por 17 millones de dólares; el del mecanismo Covax, por 5 millones de dólares; y la restitución de los predios del Ministerio de Defensa en Remansito. La ciudadanía no debe perder la memoria. El “mono” de PDVSA que le quedó al Paraguay es resultado de un tremendo negociado que nunca ha sido dilucidado y ni siquiera debidamente investigado por las instituciones contraloras ni por la Justicia. Después de más de diez años, siguen sin explicar de manera mínimamente convincente qué pasó con el dinero.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se refirió ayer a los cuatro casos más importantes que llevan adelante con respecto a intereses paraguayos, y cuál es el estado de cada uno de ellos. La deuda de PDVSA es uno de los casos, que ahora se espera que se resuelva por la vía diplomática, tras el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.
Marco Aurelio González, procurador general de la República, dijo que el Instituto de Previsión Social (IPS) ya cuenta con un reglamento que le permite comprar bonos del tesoro del Estado de manera indirecta, pero no en las mejores condiciones. Dijo que con la ley de superintendencia, supuestamente mejorarían las condiciones de compra de estos bonos.
La finca 916 sigue siendo motivo de polémica, luego que el gobierno inicie acciones para evitar el despojo al Ministerio de Defensa Nacional, del denominado sitio “Jardines de Remansito”. La Municipalidad de Villa Hayes presentó la semana pasada una denuncia contra el Procurador General de la República por supuesta usurpación de funciones.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que los ocupantes VIP de la finca 916 del Ministerio de Defensa que aún no entregaron las llaves de sus propiedades, se exponen a la obligación de pagar los costos de los derrumbes de los edificios del lugar.