A propósito de la licitación pública para la concesión del juego de apuestas deportivas, es oportuno recordar los hechos relevantes en el rubro de juegos de azar en los casi cinco años del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. No se puede rescatar ni un solo avance en el rubro. Al contrario.
Líderes del grupo de Jugadores Anónimos (JA) piden a los legisladores consciencia ante la pretensión de una nueva regulación de juegos de azar, dos proyectos se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. Lamentan que no se tenga en cuenta la salud de los apostadores.
Las tragamonedas acaparan la vía pública y comercios no exclusivos del juegos de azar del país, pese a que su uso en estos lugares está prohibido por la Ley N° 1016/97 y el Decreto N° 3083/15, porque constituyen un peligro para niños y adolescentes. Las instituciones nada hacen al respecto.
Los reportes que recibió Conajzar sobre junio último, de su contratista iCrop, evidencian que se recaudó por la “legalización” de 1.279 tragamonedas y de esa cifra, el 55% lo gestionó María Zarza y su marido, Ariel Vera, quien es hermano de Cristhiant Vera, expresidente de Conajzar y asesor de la firma. Se confirma que una claque se beneficia con la estructura recaudatoria tachada de ilegal.
El director del Centro de Adicciones, Manuel Fresco, aseguró que la adicción es un gran “negocio” y que se evidencia en rubros alcohol y tabaco. Pero también advierte del peligro de generar adictos a las apuestas, ante blandas normas. Como ejemplo está la “legalización” de tragamonedas en sitios de libre y masivo acceso.
Los senadores ausentes, tres abstenciones y un voto de rechazo fueron los que salvaron al presidente de Conajzar, José Ortiz, del voto censura. Sin embargo, 25 legisladores expresaron su repudio a la gestión del funcionario e incluso se cuestionó que la comisión funciona como un “Estado dentro de otro Estado” por sobrepasar la autoridad del Ejecutivo y violar la Constitución Nacional.