La Cámara Paraguaya de la Construcción, la Cámara Paraguaya del Acero y la Asociación de Profesionales de la Construcción afirman que, solo en intereses moratorios, el MOPC les debe 100 millones de dólares a contratistas de obras, un monto que, de confirmarse, representaría casi el 15% de la “ejecución histórica” reportada por esa cartera en 2024. Este Gobierno había acusado al anterior de postergar pagos y esconder deudas vencidas bajo la alfombra para maquillar el déficit fiscal. Con ese argumento, obtuvo en 2023 autorización para un fuerte endeudamiento adicional, supuestamente para ponerse al día y “sincerar” el balance. Un año después, se repite la historia.
En medio de la vorágine política pasó poco menos que desapercibido un nuevo acuerdo bianual firmado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional en noviembre de 2022, cuyo contenido se ha estado divulgando en estos días. Como es habitual, hubo una misión técnica del Fondo que analizó con las autoridades las debilidades y desafíos de las cuentas nacionales e identificó los puntos donde es preciso poner énfasis para proteger la sostenibilidad fiscal y mejorar el prospecto de crecimiento económico y de reducción de la pobreza. Tanto las preocupaciones como las recomendaciones concuerdan con las expresadas y advertidas por la mayoría de los analistas independientes y los principales agentes del sector privado, pero han pasado cuatro meses y lo que se observa es que prácticamente no se ha cumplido nada de lo convenido ni se han dado señales en esa dirección.
El Ministerio de Hacienda presentó esta semana al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de Nación (PGN) 2023, que incorpora a 101 instituciones públicas componentes de la Administración Central y de Entidades Descentralizadas, representando el 33% del producto interno bruto (PIB).
La Cámara de Senadores se ratificó este jueves en elevar del 1,5 al 3% del producto interno bruto (PIB) el porcentaje de déficit fiscal para el actual Presupuesto General de la Nación. Los diputados, ante la falta de documentación sobre el destino del dinero que pretende usar el Poder Ejecutivo, habían aceptado aumentar la deuda, pero solo al 2%.
La bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputados no es reacia a acompañar al Gobierno en elevar el tope de la responsabilidad fiscal al 3%, pero primero quiere ver documentos que prueben que ese dinero se utilizará correctamente, sostuvo el presidente de la Cámara Baja y miembro de Honor Colorado, Pedro Alliana.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves el pedido del Ejecutivo de elevar del 1.5% hasta el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) la ley de responsabilidad fiscal. El aumento del déficit será para obtener más recursos a ser destinados al sector de la construcción en el presupuesto general de gastos 2019.