2 de noviembre de 2024
La trampa en el texto final de la sancionada ley a favor de “toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos” despeja dudas sobre la verdadera intención de la misma, que evidentemente es permitir a Petropar saltarse las normas de contrataciones públicas para comprar combustibles sin licitación a proveedores proclives a los “arreglos” bajo la mesa, como la PDVSA del régimen de Nicolás Maduro. Era ya sumamente sospechoso que “camioneros”, sindicalistas, funcionarios, gente del Gobierno y políticos ávidos de dinero en época electoral insistieran tanto en una ley que no tenía ninguna utilidad práctica para los fines que proclamaban. La única explicación era que hubiese algo detrás, algún interés oculto, con probables sobornos de por medio.