El abogado de Dahiana Montserrat Benítez Ramos, la joven que perdió su ojo derecho tras una agresión en el bar Kingfish de Asunción, señala que, tras la imputación del presunto agresor, Elián Fernando Tomás López Torres, por lesión grave, se tomarán algunas medidas. Resaltó que se preparan para acompañar el proceso con una querella adhesiva. Resaltó que analizarán todos los detalles para buscar justicia.
Luego de cuatro suspensiones y varios cambios de fiscales, se inició ayer la audiencia preliminar para Marcello Giovanni Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, procesados por la agresión que sufrió Benjamín Zapag. La fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo del primero y la elevación de la causa a juicio oral para el segundo, por el caso ocurrido en noviembre de 2022 en un local nocturno de Asunción.
La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso planteado por la defensa y ratificó que el oficial inspector Guido Amarilla Vera enfrentará juicio oral y público por el hecho punible de lesión grave. Según la acusación el agente policial participó del atropello al local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el 31 de marzo del año 2017, donde fue asesinado Rodrigo Quintana.
Debido a un recurso planteado por una de las defensas se volvió a suspender la audiencia preliminar de Héctor Grau y Marcelo Fretes, acusados de lesión grave por la agresión que sufrió Benjamín Zapag en una discoteca de Villa Morra, en noviembre de 2022. El Ministerio Público pide que ambos vayan a juicio oral y público.
La audiencia preliminar para los acusados de lesión grave Héctor Iván Grau Arroyo y Marcello Giovanni Fretes Laterra, sospechosos de agredir en una discoteca a Benjamín Raúl Zapag Gayet, en noviembre de 2022, se reprogramó para el 21 y 22 de febrero próximos. La diligencia estaba prevista para este miércoles, pero una de las defensas argumentó que sigue sin poder acceder a todas las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.
El abogado Juan Claudio Gaona en representación de un joven que fue víctima de lesión grave, solicitó a la Sala Constitucional que se expida sobre una acción de inconstitucionalidad que promovió el condenado por el hecho punible. El letrado refiere que la causa prescribirá el 5 de enero de 2024 cuando se cumplan 10 años de haberse perpetrado la agresión.